Un crecimiento económico moderado, pero que sigue situándose en una buena posición dentro de la región
La economía de Costa Rica cerró el año 2025 con un crecimiento estimado del 4,0 %, consolidando uno de los resultados más sólidos de América Latina en los últimos años. Este resultado reflejó una combinación de un fuerte dinamismo en el sector exterior, una expansión constante de la demanda interna y un entorno de inflación muy baja, lo que favoreció el aumento de los ingresos reales a lo largo del año. El crecimiento del PIB fue relativamente generalizado, aunque estuvo impulsado por sectores de mayor valor añadido en las zonas francas con una fuerte integración internacional, como los dispositivos médicos, los componentes electrónicos, la tecnología y los servicios empresariales. Las empresas que operan en las zonas francas siguieron desempeñando un papel central, beneficiándose del reposicionamiento de las cadenas de valor globales y de las estrategias de «nearshoring» dirigidas al mercado norteamericano. La demanda interna también mostró un sólido comportamiento. El ciclo de flexibilización monetaria llevado a cabo por el Banco Central de Costa Rica desde 2023 y reforzado por la deflación observada durante varios meses de 2025 redujo significativamente los costes del crédito, lo que estimuló el consumo de los hogares y la inversión privada.
Se prevé una desaceleración moderada del crecimiento para 2026, aunque a un ritmo que seguirá siendo fuerte en comparación con la media regional. Esta moderación se debe principalmente a los efectos de base tras varios años de fuerte expansión, así como a las expectativas de un crecimiento mundial ligeramente más débil. Además, las exportaciones a EE. UU., que se caracterizaron por su dinamismo ante la anticipación de los aranceles, podrían desacelerarse. Aun así, los principales motores estructurales —como la integración en dinámicas cadenas de valor globales, la expansión de sectores de alto valor añadido, la competitividad y la diversificación productiva— permanecen intactos. El sector de la alta tecnología debería seguir respaldando las exportaciones (a pesar del cierre previsto de la planta de Intel), mientras que se espera que las condiciones monetarias favorables y la inflación controlada sostengan la demanda interna. La demanda interna seguirá siendo sólida.
Déficit por cuenta corriente menor y fácilmente financiable
En 2025, Costa Rica mantuvo su escaso déficit por cuenta corriente, respaldado por el fuerte impulso de las exportaciones de bienes de alto valor añadido y la resiliencia del sector de los servicios. La expansión de las ventas al exterior —especialmente en dispositivos médicos, electrónica y servicios empresariales— compensó el aumento de las importaciones asociado a la boyante demanda interna y al incremento de la inversión. El componente de bienes se caracterizó por dos tendencias simultáneas. En primer lugar, las exportaciones siguieron creciendo, impulsadas por las empresas que operan en zonas francas, las cuales se beneficiaron del fortalecimiento de las cadenas de producción orientadas al mercado norteamericano. En segundo lugar, la apreciación del colón (CRC) a lo largo del año estimuló las importaciones de bienes de consumo, así como de insumos y bienes de capital, lo que incrementó la demanda de productos extranjeros. Este efecto del tipo de cambio ayudó a contener las presiones inflacionistas, pero también contribuyó a un mayor déficit comercial de bienes fuera del régimen especial de las zonas francas. En el sector de los servicios, el turismo y los servicios empresariales siguieron desempeñando un papel importante en la balanza exterior. Aunque el crecimiento del turismo se moderó tras el pico pospandémico, el sector siguió generando importantes ingresos en divisas. Además, los servicios corporativos y tecnológicos reforzaron el saldo positivo de la balanza de servicios. La financiación del déficit por cuenta corriente en 2025 se cubrió en gran medida gracias a las sólidas entradas de inversión extranjera directa. Estas entradas —concentradas en la industria manufacturera avanzada y los servicios intensivos en conocimiento— respaldaron la estabilidad de la balanza de pagos y contribuyeron a mantener el colón en un nivel apreciado. El elevado nivel de reservas internacionales (equivalente a seis meses de importaciones a finales de enero de 2026) también reforzó la estabilidad del tipo de cambio a lo largo del año.
Se prevé un ligero aumento del déficit por cuenta corriente para 2026, lo que refleja principalmente dos factores: una moderación del crecimiento de las exportaciones tras la fuerte expansión de 2025 y el continuo dinamismo de las importaciones impulsadas por la inversión y la demanda interna. La expectativa de un crecimiento económico sólidamente duradero debería sostener la absorción interna y mantener la presión sobre la balanza comercial. La dinámica del tipo de cambio será un elemento clave para el panorama exterior en 2026. Si continúa la tendencia de apreciación del colón, la competitividad de determinados sectores exportadores seguirá bajo presión, lo que podría ampliar el déficit comercial en el ámbito de los bienes tradicionales. En segundo lugar, se espera que los continuos y fuertes flujos de inversión extranjera directa financien holgadamente el déficit por cuenta corriente, con las repatriaciones de beneficios persistentemente elevadas por parte de las empresas extranjeras actuando como contrapartida.
Continuará la tendencia de consolidación fiscal
En 2025, los resultados fiscales de Costa Rica reflejaron la continuación del proceso de consolidación iniciado en años anteriores, en un contexto de sólido crecimiento económico y baja inflación. El déficit del Gobierno central cerró el año en torno al 3 % del PIB. El entorno económico, dinámico de forma duradera, favoreció los ingresos fiscales, en particular los relacionados con el consumo, las importaciones y la actividad empresarial, lo que permitió que el saldo primario mejorara a lo largo del año (1,3 % del PIB). Además, la baja inflación contribuyó a reducir la presión sobre los gastos indexados, lo que favoreció un ritmo más moderado de crecimiento del gasto público. Otro factor relevante fue la disminución del coste medio de la deuda pública, impulsada por el ciclo de reducción de los tipos de interés de referencia aplicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La proporción de la deuda pública en moneda nacional se sitúa en el 74 %, mientras que el 64 % de la deuda total está denominada en moneda local (el colón), y el resto, en dólares estadounidenses.
Según el escenario de referencia, la trayectoria fiscal para 2026 apunta a una disciplina continuada, aunque con menos margen para mejoras adicionales a corto plazo. El ritmo de crecimiento económico será un factor determinante para la evolución de los ingresos, mientras que la dinámica de los tipos de interés influirá en el comportamiento de los gastos financieros. Si la economía crece en líneas generales según lo previsto, el ajuste fiscal debería continuar de forma gradual y controlada.
La presidenta entrante cuenta con mayoría en el Congreso, y su política está en línea con la de su predecesor de derechas
El 1 de febrero de 2026, Laura Fernández, candidata del nuevo Partido Pueblo Soberano (PPSO), ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta tras obtener el 48,7 % de los votos. Su victoria refleja la tendencia reciente de un número creciente de candidatos de derecha en América Latina, tendencia que también se ha observado en Chile, Ecuador y Honduras. Además de la elección de la presidenta, el PPSO obtuvo la mayoría simple en el Congreso, al hacerse con 31 de los 57 escaños —una cifra que aún no alcanza los 38 necesarios para la mayoría cualificada requerida para aprobar reformas constitucionales o cambios estructurales más profundos—. Esto significa que las iniciativas ambiciosas —especialmente en ámbitos como la reforma judicial o los cambios institucionales— seguirán requiriendo la negociación con los partidos de la oposición. La composición actual de la Asamblea Legislativa es la siguiente: 31 escaños para el PPSO, 17 para el Partido de la Liberación Nacional (PLN), 7 para el Frente Amplio (FA) y un escaño cada uno para el Partido Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana. La falta de una mayoría cualificada supone un reto para Fernández, ya que, de los 26 escaños que no pertenecen al PPSO, 17 corresponden al PLN —el partido más antiguo del país y su principal rival político—, mientras que otros 7 los ostenta el Frente Amplio, un partido de izquierdas que históricamente ha defendido una postura de fuerte oposición.
El programa de Laura Fernández destaca la necesidad de ampliar y modernizar las infraestructuras nacionales. Entre sus prioridades figura garantizar el acceso al agua potable para las comunidades históricamente desatendidas, especialmente los grupos indígenas y las zonas rurales. Su programa también incluye el desarrollo de un modelo de concesión adecuado para la explotación del puerto de Caldera, considerado estratégico para la logística y el comercio exterior del país. Además, propone construir dos nuevos aeropuertos —uno en la región sur y otro en la provincia nororiental de Limón—, modernizar la red de carreteras y mejorar y ampliar el sistema ferroviario tanto para el transporte de mercancías como de pasajeros. Su programa también incluye la elaboración de planes maestros de turismo, así como el refuerzo de la lucha contra el comercio ilícito, el contrabando y el sacrificio ilegal de ganado. Asimismo, tiene la intención de modernizar el sector agrícola. Por último, pretende reforzar la Caja de Seguro Social mediante la construcción de nuevos centros de salud EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral de Salud) y la introducción de mejoras en los sistemas de pensiones.
Costa Rica, que históricamente ha sido reconocida como uno de los países más seguros de América Latina, ha comenzado a enfrentarse en los últimos años a retos sin precedentes en materia de seguridad pública. El aumento de los homicidios y el repunte de las redes de delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico internacional han alterado significativamente el panorama nacional. La ubicación estratégica del país y su infraestructura portuaria lo han convertido en una ruta de tránsito clave para el tráfico de drogas, lo que a su vez ha ampliado la presencia de grupos transnacionales que libran guerras territoriales y utilizan sofisticados mecanismos de blanqueo de capitales, ejerciendo así presión sobre las instituciones estatales. Este deterioro se está produciendo en un país tradicionalmente conocido por su estabilidad institucional y por la ausencia de fuerzas armadas desde 1949, lo que refuerza la percepción social de que el patrón de riesgo y violencia ha cambiado profundamente. En este contexto, el principal objetivo político de la presidenta Laura Fernández gira en torno a la seguridad pública. Propone completar la construcción de una megaprisión de alta seguridad, inspirada en los modelos implementados por Nayib Bukele en El Salvador. Aboga por modernizar el cuerpo policial. Otro frente político importante es la reforma judicial. Entre las medidas que se están barajando se encuentran la imposición de límites a la duración de los mandatos de los jueces y la mejora de los mecanismos de nombramiento y evaluación. La cooperación internacional también desempeña un papel estratégico en su plan. Reconociendo la naturaleza transnacional del narcotráfico y el blanqueo de capitales, Fernández propone establecer una coordinación más estrecha con organismos extranjeros —especialmente con los estadounidenses— mediante el intercambio de información, operaciones conjuntas y alianzas estructuradas.

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