Perú

América del Sur

PIB per Capita ($)
$7,912.9
Población (en 2021)
33,7 millones

Evaluación

Riesgo País
B
Clima empresarial
A4
Antes
B
Antes
A4
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Resumen

Fuerzas

  • Abundantes recursos minerales (cobre, oro, zinc, hierro, plomo, molibdeno, estaño), recursos energéticos (combustibles fósiles y energía hidroeléctrica), productos agrícolas (bayas, uvas, café, aguacates, mangos, plátanos, espárragos, quinoa, chiles) y recursos pesqueros (harina y aceite de pescado, marisco)
  • Recursos turísticos como Machu Picchu y la selva amazónica
  • Miembro de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y signatario de varios acuerdos de libre comercio
  • Independencia del banco central y tipo de cambio flotante
  • Superávit por cuenta corriente y elevadas reservas de divisas
  • Deuda pública baja, diferenciales reducidos
  • Mano de obra relativamente barata

Debilidades

  • Puntos débiles
  • Entorno político inestable y fragmentado, disputas recurrentes entre los tres poderes del Estado, múltiples procesos de destitución (6 presidentes en los últimos 7 años), amenazas a la separación de poderes, tendencias populistas
  • Corrupción, elevada economía informal (70 %), baja participación de la población en edad de trabajar (65 %), minería ilegal de oro generalizada (50 %) que fomenta la delincuencia organizada y frena la inversión extranjera directa, evasión fiscal y gasto público que contribuyen a la debilidad de los ingresos fiscales
  • Vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones y deslizamientos de tierra relacionados con El Niño), agravada por el cambio climático y los riesgos sísmicos
  • Sistemas de transporte, sanidad y educación inadecuados
  • La escasa conectividad aérea y la concentración de las llegadas internacionales en un único aeropuerto obstaculizan el turismo
  • Disparidades regionales (pobreza en las regiones andinas y amazónicas)

Intercambios comerciales

Exportaciónde mercancías en % del total

China
32%
Estados Unidos
12%
Europa
9%
Canadá
4%
India
4%

Importación de mercancías en % del total

China 22 %
22%
Estados Unidos 18 %
18%
Europa 9 %
9%
Nicaragua 8 %
8%
Brasil 7 %
7%

Perspectiva

This section is a valuable tool for corporate financial officers and credit managers. It provides information on the payment and debt collection practices in use in the country.

Fuerte demanda interna, aunque es probable que El Niño afecte a algunos sectores

La economía peruana debería mantener su ritmo moderado de expansión durante 2026 y 2027, con una ligera desaceleración en este último año debido a un fuerte fenómeno de El Niño. Por el lado de la demanda, el impulso proviene casi en su totalidad del sector privado. La demanda interna creció un 5,8 % en 2025, su mayor crecimiento desde 2013 —excluyendo la recuperación pospandémica— y podría avanzar cerca del 6 % en 2026. El consumo de los hogares, principal motor (dos tercios del PIB), crecería un 3,6 %. Esto se sustenta en un mercado laboral que ha encadenado dos años consecutivos de creación de empleo formal, con unos 250 000 puestos concentrados en los sectores de servicios, agricultura y comercio, lo que se traduce en una expansión del 7,6 % de la masa salarial formal. La caída de la morosidad crediticia, la recuperación del crédito a los hogares tras el endurecimiento de la política monetaria de 2023-2024 y el aumento del salario mínimo de 1.130 a 1.300 soles (aproximadamente 333 y 384 dólares estadounidenses) anunciado en julio, deberían reforzar la renta disponible a partir del segundo semestre de 2026. La inversión privada es el componente más dinámico, ya que, tras crecer un 11,2 % en 2025, podría crecer más del 12 % en 2026 —con su principal componente, el sector minero, expandiéndose un 11 %—, aunque se desaceleraría hasta el 6 % en 2027, en un contexto en el que las expectativas empresariales siguen siendo en gran medida optimistas. El gasto público evoluciona en sentido contrario y representa una parte residual del impulso, con una inversión de las administraciones públicas prácticamente estancada, debido a una menor ejecución por parte del Gobierno nacional, que solo se ve compensada en parte por las administraciones subnacionales. La inversión extranjera directa sigue concentrada en la minería, la energía y las comunicaciones, y el traspaso de poderes, que concluyó en julio sin rupturas institucionales, disipó parte de la incertidumbre que lastraba las decisiones a largo plazo.

Por el lado de la oferta, los resultados presentan grandes diferencias. Las actividades no primarias, como la construcción, el comercio y los servicios, deberían seguir el ritmo del dinamismo de la demanda interna. La construcción es la que más se beneficia, gracias a la edificación residencial, así como a las obras viales y mineras. La cartera de proyectos del Ministerio de Energía y Minas comprende 66 iniciativas por un valor de 64 100 millones de dólares, de los cuales una parte sustancial ya está contratada. La mina de cobre de Tía María, en la región de Arequipa, ya ha recibido 700 millones de dólares, está construida en aproximadamente un tercio y da empleo a 4 500 trabajadores. Se espera que la primera producción de cátodos de cobre tenga lugar en el segundo semestre de 2027. A plena capacidad operativa, la mina debería producir 120 000 toneladas al año y aportar aproximadamente 400 millones de dólares anuales al Estado en concepto de impuestos y regalías, a lo largo de una vida útil de dos décadas. La misma empresa mexicana ha anunciado una inversión de unos 10 000 millones de dólares durante la próxima década para los proyectos de Los Chankas y Michiquillay, así como para una nueva fundición en el sur. La minería está creciendo modestamente en términos de volumen, muy por debajo del aumento del valor de las exportaciones, que se debe más a los precios que al tonelaje. Está previsto que la segunda fase del puerto de Chancay (cerca de Lima) comience en 2027, con una inversión adicional de 2.5 mil millones de dólares que elevará la inversión total en la terminal por encima de los 4 mil millones de dólares y ampliará la capacidad de transporte marítimo hacia Asia. El turismo se ha estabilizado en torno a los cuatro millones de visitantes al año, una afluencia limitada por los recursos de conectividad aérea y por la concentración de las llegadas en un único aeropuerto.

Los sectores primarios, por el contrario, concentran toda la vulnerabilidad de las perspectivas, y el factor determinante es climático. La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) mantiene su alerta costera, no descarta una magnitud extraordinaria a finales de 2026 y prevé que el fenómeno se prolongue hasta el verano del hemisferio sur de 2027. El fenómeno actúa a través de dos canales opuestos y simultáneos: lluvias intensas y la activación de cauces secos a lo largo de la costa norte, con riesgo de inundaciones en las zonas cultivadas, y un déficit hídrico en las tierras altas del centro y el sur y en parte de la región amazónica. La Convención Nacional de Agricultura del Perú (Conveagro) estima que entre el 20 % y el 30 % de las tierras de cultivo, unas 2,2 millones de hectáreas, podrían sufrir daños, y considera que la campaña 2026-2027 ya se ve comprometida por las altas temperaturas, que han afectado a la floración de cultivos frutales como el mango y la lima en la costa norte y amenazan la producción de papa en las tierras altas. Esto supondría un cambio radical con respecto a la última campaña, en la que las exportaciones agrícolas registraron un rendimiento notable, superando los 15 000 millones de dólares y llegando a más de 150 mercados. Además, la captura de anchoveta en la zona centro-norte podría reducirse a la mitad. La recuperación, prevista para algún momento de 2027, se basa en la hipótesis de que las condiciones meteorológicas vuelvan a la normalidad. Por el contrario, si se confirmara la alternativa adversa, el gasto de emergencia sustituirá a la inversión prevista. Mientras tanto, los efectos ya se están materializando. Las aguas anormalmente cálidas han alejado a la anchoveta de la costa y han trastornado la temporada de pesca, arrastrando consigo a la industria relacionada con la harina de pescado. La perturbación climática también se transmite a través del sector energético: dado que alrededor de tres quintas partes de la generación eléctrica son de origen hidráulico, los períodos de sequía en las tierras altas obligan al sistema a sustituir el agua por gas natural y gasóleo, lo que eleva las tarifas. La inflación ya ha superado el límite superior del objetivo, que ya se veía presionado por los precios de los combustibles tras el cierre del estrecho de Ormuz y el traspaso de estos costes al transporte y a los alimentos. El banco central (BCRP) ha pospuesto el retorno al objetivo hasta el próximo año y ha mantenido sin cambios su tipo de interés oficial. El encarecimiento del transporte de mercancías y de los fertilizantes afecta al sector agrícola, al igual que los aranceles que Estados Unidos ya aplica a las exportaciones peruanas, cuyo alcance podría ampliarse con la investigación en curso sobre el cobre. Perú llega a 2027 más expuesto al riesgo relacionado con el clima que al ciclo de las materias primas.

Superávits externos récord y consolidación fiscal bajo presión

Las cuentas externas están registrando su racha más larga de superávits desde la década de 2000. Con 2027, Perú sumaría cinco años consecutivos de superávit, un periodo más largo que el auge de las materias primas de 2004 a 2007. La explicación radica en los términos de intercambio, que se prevé que aumenten un 18,3 % en 2026, gracias a unos precios de exportación un 25,6 % más altos. Las exportaciones ascenderían a 118 200 millones de dólares, frente a los 90 100 millones de dólares de 2025, y las importaciones se situarían en torno a los 69 000 millones de dólares, lo que generaría un superávit comercial de 49 400 millones de dólares, equivalente al 12,3 % del PIB. El cobre y el oro representan la mayor parte de este aumento. En 2027, se espera que las cifras sean similares: el valor de las exportaciones dejará de crecer porque el efecto de los precios se agotará antes de que el volumen procedente de las nuevas minas se refleje en las estadísticas. La diferencia entre el superávit comercial del 12,3 % del PIB y una cuenta corriente prevista en el 3,9 % muestra adónde va a parar el dinero. El déficit de la renta primaria se ampliará a medida que las empresas mineras de capital extranjero repatríen sus beneficios. Aun así, los indicadores de solidez exterior han mejorado. Las reservas internacionales netas superaron los 100 000 millones de dólares por primera vez en 2026, es decir, alrededor del 28 % del PIB y la mayor cobertura de la región. El sol es ahora la moneda más fuerte de América Latina, hasta el punto de que el BCRP ha vuelto a comprar dólares en el mercado para contener su apreciación, una medida que ayuda a explicar la propia acumulación de reservas.

En el ámbito fiscal, el panorama es menos halagüeño. El déficit se redujo drásticamente en 2025, lo que permitió al país cumplir la regla fiscal tras dos años de incumplirla, aunque el Consejo Fiscal señaló que no se respetaron las normas de gasto público. El objetivo para 2026 (-1,8 %) es más exigente, aunque el déficit acumulado de los últimos doce meses hasta mayo ya se situaba por debajo de dicho objetivo, gracias al aumento de los ingresos corrientes y a la ralentización del ritmo de gasto de capital por parte del Gobierno nacional. El BCRP prevé que se alcanzará un 1,5 %, con un crecimiento de los ingresos corrientes del 6,8 % en términos reales gracias al aumento de los precios de las materias primas y al empleo formal. Esto seguiría estando por encima del límite legal del 1,4 %, una desviación que el Banco Central atribuye al gasto rígido destinado a la mitigación de El Niño y a la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso. El mercado se muestra más escéptico: varios analistas del sector privado estiman una cifra cercana al 2 %. La puesta en marcha de Tía María y otros proyectos que entrarán en fase de maduración ampliarán la base impositiva a partir de 2027, pero su efecto sobre el impuesto sobre la renta de las empresas mineras se materializará más tarde, una vez que los operadores hayan recuperado su inversión. Ahí es donde reside el problema estructural de las finanzas públicas. En el quinquenio hasta 2026, se promulgaron 287 leyes con efecto fiscal adverso, frente a las 108 del quinquenio anterior, y la evaluación de tan solo 63 de ellas apunta a un coste permanente de 36 700 millones de soles al año, lo que equivale a cerca del 2,7 % del PIB. Las transferencias a Petroperú, cuya reestructuración podría requerir nuevas inyecciones de capital, resultan costosas. El colchón, por ahora, es el stock de deuda: previsto en un 28,2 % del PIB en 2026, es, con diferencia, el más bajo de la región.

El regreso del «fujimorismo» tras unas elecciones turbulentas

El ciclo político actual comenzó con una destitución. En octubre de 2025, el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte, que había gobernado desde la destitución de Pedro Castillo en 2022. José Jerí, entonces presidente de la Asamblea Legislativa, asumió el cargo y fue a su vez destituido unos meses más tarde en medio de investigaciones por tráfico de influencias, lo que dejó a José María Balcázar, diputado de Perú Libre, al frente de la transición. Se convocaron elecciones generales para abril de 2026, las primeras bajo el sistema bicameral restablecido, con 60 senadores y 130 diputados. Pasaron a la segunda vuelta Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (de la derecha a la extrema derecha), con un 17,1 % de los votos válidos, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (de izquierdas), con un 12,0 %. Fujimori ganó las elecciones con un 50,14 %, una diferencia de unos 49 600 votos obtenidos entre los peruanos residentes en el extranjero. El recuento de votos reveló la mayor proporción de votos nulos en dos décadas. Fujimori asumió el cargo en julio de 2026, en su cuarto intento de llegar a la presidencia y 26 años después del fin del gobierno de su padre. Es la primera mujer elegida presidenta y la novena persona en ocupar el cargo en diez años. Aunque sigue estando fragmentado, el umbral electoral redujo considerablemente el número de candidatos: de los 36 partidos que se presentaron a las elecciones parlamentarias, solo seis obtuvieron escaños, lo que dejó sin representación a unos 17 millones de votos. Fuerza Popular es la fuerza más numerosa en ambas cámaras del Parlamento, con 22 de los 60 senadores y 41 de los 130 diputados, lejos de la mayoría absoluta, pero lo suficiente como para tener peso: para destituir a un presidente se requiere una mayoría de dos tercios, y el partido cuenta con una minoría de bloqueo en el Senado y está a pocos escaños de alcanzarla en la Cámara Baja. Comparte espacio con «Juntos por el Perú», que cuenta con 14 senadores y 32 diputados, el Partido del Buen Gobierno (7 y 18), Renovación Popular (8 y 15), Obras (5 y 14) y Ahora Nación (4 y 10).

En cuanto a la economía, el mercado interpretó el nombramiento de Elmer Cuba, exdirector del banco central, para el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la renovación del mandato de Julio Velarde por un quinto período de cinco años al frente del BCRP, como una continuación del enfoque ortodoxo. En cuanto al panorama político, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y primer vicepresidente electo, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. La prensa informó de que quince de los diecinueve miembros del gabinete se enfrentan a investigaciones o tienen antecedentes penales, empezando por el primer ministro. En sus primeros días en el cargo, Fujimori combinó el aumento del salario mínimo con una bonificación compensatoria única para las microempresas y las pequeñas empresas, creó una autoridad digital nacional para simplificar los trámites y visitó una base militar en el centro de Perú para reafirmar su apoyo a las operaciones contra el narcotráfico. A finales de agosto, solicitó al Congreso facultades delegadas para legislar durante 120 días sobre 66 asuntos distintos en ocho ámbitos políticos. Se han declarado dos ejes de emergencia nacional. El primero es la seguridad: los homicidios aumentaron de 7,7 por cada 100 000 habitantes en 2018 a 10,7 en 2025 y las denuncias por extorsión se dispararon de 3 200 a 26 500 durante el mismo período, y tres de cada cuatro peruanos señalan estos temas como la prioridad del Gobierno, seguidos de cerca por la inmigración irregular tras una década de llegadas de venezolanos. Fujimori anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el mando de las operaciones de orden interno en las zonas bajo estado de emergencia, y ha respaldado la creación de una prisión de máxima seguridad, tribunales con jueces anónimos, la deportación de migrantes indocumentados y la retirada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una agenda que depende de las facultades delegadas y que ya ha encontrado resistencia por parte de las organizaciones de la sociedad civil. El segundo eje de actuación es la prevención de El Niño, lo que vincula la agenda política a la restricción fiscal. Ampliar la recaudación de impuestos, otra promesa electoral, requerirá negociar con una legislatura fragmentada en la que el Gobierno no cuenta con mayoría propia. El mandato dura cinco años, pero el Gobierno dispone de un breve margen de maniobra: sin resultados visibles en materia de seguridad en los primeros meses de mandato, la legitimidad de una victoria tan ajustada se erosionará rápidamente.

China es el principal socio comercial de Perú desde 2014. El comercio bilateral alcanzó los 51 700 millones de dólares (o 33 000 millones en exportaciones de Perú) en 2025, lo que supuso cinco veces el nivel registrado en 2010, cuando entró en vigor su acuerdo de libre comercio. El auge de su comercio pone de relieve el carácter unilateral de la relación: aproximadamente el 90 % de las exportaciones a China consiste en minerales, y China absorbe casi la mitad de las exportaciones mineras y pesqueras de Perú, mientras que Perú importa maquinaria y bienes de consumo. El primer semestre de 2026 confirmó esta dependencia. Las exportaciones totales alcanzaron los 54 000 millones de dólares, un 34 % más que el año anterior, impulsadas por el sector minero, cuyas exportaciones crecieron un 49 % gracias al aumento de los precios. China representó casi dos quintas partes de este total. El puerto de Chancay, construido por la empresa estatal china COSCO Shipping y operativo desde finales de 2024, da servicio a este comercio. Estados Unidos ocupa una posición distinta y complementaria. Las importaciones de EE. UU. procedentes de Perú ascendieron a 5.0 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que supone un aumento del 19,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, y se concentran en los sectores que generan los mayores niveles de empleo formal: un tercio de las exportaciones agrícolas de Perú y la mitad de sus exportaciones textiles y de confección tienen como destino el mercado estadounidense. Sin embargo, la relación se ha vuelto menos predecible. Los aranceles estadounidenses ya han tenido efectos cuantificables, con una caída de más del 40 % en los envíos de alambrón y alambre de cobre, una tendencia que también se ha observado en el caso de la fruta. Con el objetivo de atraer inversiones, Lima se esfuerza por equilibrar las relaciones con estos dos socios: la importantísima China y EE. UU., que se muestra receloso ante la presencia china y el tráfico de drogas. Perú se ha adherido al «Escudo de las Américas» contra los cárteles.

Condiciones de pago y recobro de deuda

Esta sección constituye una herramienta muy útil para los responsables financieros y los gestores de crédito de las empresas. Ofrece información sobre las prácticas de pago y cobro de deudas vigentes en el país.

Pago

Se prefiere el pago electrónico tanto para transacciones de alto valor como de bajo valor. En Perú es habitual emitir cheques posfechados. Las transferencias bancarias se utilizan tanto para transacciones de pago de alto valor como de bajo valor. La mayoría de las transferencias electrónicas de bajo valor en Perú siguen realizándose entre cuentas del mismo banco, lo que se conoce como transacciones intrabancarias o «on-us». Las letras de cambio son un instrumento de pago de uso habitual para el cobro de deudas.

Cobro de deudas

El sistema judicial peruano tiene una estructura jerárquica. La Corte Suprema es el tribunal de mayor rango, seguida de los tribunales especializados en derecho civil, penal, constitucional y laboral. Por encima de la Corte Suprema, en cada distrito judicial, se encuentran los tribunales que se ocupan de los asuntos de derecho civil y mercantil. Los Juzgados Especiales (jueces especializados) se encuentran en las principales ciudades del país y se ocupan de asuntos relacionados, entre otros, con el derecho civil y mercantil. A continuación se sitúan los Juzgados de Paz (jueces de paz), ubicados en las principales ciudades y encargados de los casos de escaso valor económico y otras cuestiones menores. Por último, los Tribunales de Paz se encuentran en ciudades con menor población y están compuestos por un único juez, que puede tener o no la condición de abogado.

Fase amistosa

La fase amistosa en Perú se caracteriza por llamadas telefónicas, recordatorios por escrito, visitas y reuniones, con el objetivo de resolver la deuda entre dos partes sin iniciar un procedimiento judicial.

Procedimientos judiciales

Procedimiento de conciliación

Antes de iniciar un proceso judicial, la legislación peruana exige un proceso de conciliación para alcanzar un acuerdo de liquidación de la deuda. El proceso consta de dos audiencias; si no se llega a un acuerdo, el procedimiento finaliza y ambas partes deben firmar un acta de conciliación, que posteriormente se presenta al inicio del proceso judicial.

Procedimientos acelerados

El texto que figura a continuación hace referencia a la Unidad de Referencia Procesal (URP), que es un valor de referencia según la legislación peruana: cada URP equivale al 10 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que puede utilizarse en la normativa fiscal para determinar bases imponibles, deducciones, límites de afectación y otros aspectos tributarios que el legislador considere oportunos. También puede utilizarse para aplicar sanciones y determinar obligaciones contables. La UIT la fija a principios de año el Ministerio de Economía.

La legislación peruana prevé dos procedimientos acelerados: el proceso sumario se aplica a los casos cuyo valor sea inferior a 100 URP. Los Juzgados de Paz son competentes para importes comprendidos entre 50 y 100 URP. Los demandados disponen de cinco días para presentar un recurso tras recibir la notificación del juez. En un plazo de 10 días, el juez convoca una vista para la presentación de pruebas, la conciliación, la práctica de la prueba y la sentencia; el proceso abreviado se aplica a los casos cuyo valor se sitúe entre 100 y 1 000 URP. Los Juzgados de Paz son competentes para importes comprendidos entre 100 y 500 URP, mientras que los Juzgados Civiles son competentes en los casos cuyo importe supere los 500 URP. El demandado dispone de 10 días para presentar una impugnación a partir de la admisión de la demanda por parte del juez. La instrucción y la conciliación se examinarán en una única vista. Si la conciliación no ha tenido éxito, el juez señala los puntos controvertidos y las pruebas que deben aportarse o actualizarse. En un plazo de 50 días a partir de la vista de conciliación, el juez fija una vista probatoria.

Procedimientos ejecutivos

Cuando a los acreedores se les adeuda una deuda indiscutible y cierta, pueden iniciar un procedimiento ejecutivo. El deudor dispone de cinco días a partir de la notificación para presentar su contestación. El juez dictará sentencia, tras lo cual cada parte dispone de un plazo de hasta tres días para interponer recurso.

Procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario se aplica a los casos cuyo valor supere los 1 000 URP. El demandante presenta una demanda por escrito ante el tribunal. El demandado puede presentar un escrito de contestación en el que exponga los hechos en los que pretende basar su defensa, en un plazo de 30 días a partir de la notificación del escrito de demanda. Si la demanda está completa (es decir, incluye toda la información pertinente), el juez fija una vista de conciliación. Si las partes llegan a un acuerdo, este tiene el mismo efecto que una sentencia. Si no se alcanza un acuerdo, el juez convoca una vista en un plazo de 50 días a partir de la vista de conciliación. El procedimiento finaliza cuando el juez dicta su resolución. La duración del procedimiento depende principalmente de la naturaleza del conflicto, el número de partes implicadas, las alegaciones que se planteen y la carga de trabajo del juez encargado del proceso. Teniendo en cuenta estos criterios, una sentencia en primera instancia en un caso típico de litigio mercantil puede tardar aproximadamente entre doce y dieciocho meses.

Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia nacional adquiere carácter definitivo y es ejecutable una vez agotadas todas las vías de recurso. El juez de primera instancia se encarga de la ejecución de las sentencias y dictará un auto de ejecución en el que ordenará a la parte correspondiente que cumpla la sentencia en un plazo de cinco días hábiles. Si no se cumple la orden en el plazo de cinco días, el juez deberá ordenar el embargo de los bienes del deudor para subastarlos. En el caso de sentencias extranjeras, los acreedores con domicilio en Perú deberán presentar una demanda ante el Tribunal Superior correspondiente al domicilio del deudor. El tribunal evaluará si la sentencia extranjera es compatible con la legislación peruana y con los tratados internacionales entre ambos países. Si se determina que cumple con los requisitos, el juez autorizará la ejecución de la sentencia en la jurisdicción peruana.

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Procedimientos de insolvencia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo administrativo especializado que se ocupa de los procedimientos de insolvencia.

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PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES: PROCEDIMIENTO PREVENTIVO

El procedimiento preventivo tiene por objeto proporcionar un foro para que los deudores alcancen un acuerdo de reestructuración consensuado con sus acreedores. Se trata de un proceso acelerado que solo pueden iniciar los deudores.

El PARC fue creado por el INDECOPI para prevenir la insolvencia y la quiebra de aquellas empresas que, debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, carecen de liquidez para hacer frente a sus obligaciones. Este procedimiento está regulado en el Decreto Legislativo n.º 1511 y su Reglamento.

Con este procedimiento concursal, Indecopi ofrece una alternativa que busca reestructurar las obligaciones impagadas de la entidad calificada, evitar su insolvencia, la pérdida de actividad empresarial y de fuentes de empleo y, con ello, contribuir a la recuperación del crédito y a la continuidad de la cadena de pagos en la economía nacional.

Acoger el PARC es muy sencillo, rápido y seguro, ya que todo el procedimiento se lleva a cabo de forma virtual.

REORGANIZACIÓN

Si los acreedores deciden permitir que sus deudores se reestructuren, se les pedirá que aprueben un plan de reorganización en un plazo de 60 días a partir de la decisión de proceder a la reorganización. Tanto la decisión de reorganizarse como el plan de reorganización deben ser aprobados por más del 66,6 % de los créditos admitidos. Durante el proceso, los acreedores deciden si permiten que la dirección del deudor continúe gestionando la empresa o si la sustituyen. Una vez aprobado el plan de reorganización y pagadas todas las reclamaciones previas a la publicación según sus condiciones, el INDECOPI dicta una resolución en la que se declara la conclusión formal del procedimiento de reorganización.

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LIQUIDACIÓN

Si los acreedores deciden proceder a la liquidación, se nombrará a un liquidador en la Junta de Acreedores a partir de la lista inscrita en el INDECOPI o con arreglo a la Ley General de Sociedades n.º 26887. Se le pedirá que apruebe un plan de liquidación para el deudor y que decida si se debe autorizar a este a continuar con su actividad empresarial durante la liquidación. Ya sea voluntaria o involuntaria, el liquidador debe seguir un orden obligatorio en el pago de las reclamaciones. Para concluir el proceso de liquidación, el liquidador presenta una solicitud ante el Registro Público con el fin de inscribir la extinción de la sociedad. No obstante, si quedan acreedores sin cobrar, el liquidador deberá presentar una solicitud ante un juez civil para obtener una declaración judicial de quiebra.

Última actualización: agosto de 2026