Tailandia

Se prevé que la economía tailandesa siga estancada

Tras su mediocre evolución en 2024, los retos y riesgos a los que se enfrenta la economía tailandesa apuntan a que la decepcionante dinámica económica continuará en 2025, antes de estabilizarse en un nivel bajo en 2026. El consumo privado (el 59 % del PIB) se ralentizará aún más, a juzgar por la baja confianza de los consumidores, en un contexto de niveles de endeudamiento de los hogares persistentemente elevados, la incertidumbre en torno al comercio mundial, la débil recuperación del turismo y la reasignación de las medidas de estímulo a los hogares (la «billetera digital» y sus transferencias en efectivo) en favor del apoyo a las industrias en dificultades. El fuerte aumento de las exportaciones en el primer semestre de 2025 refleja principalmente una anticipación de las actividades para evitar los aranceles estadounidenses antes de que finalice la tregua de 90 días. Dado que las exportaciones a EE. UU. representan casi el 9 % del PIB y que los aranceles recíprocos se encuentran entre los más elevados de la región (37 %), es probable que Tailandia se vea gravemente afectada por estas restricciones comerciales si se aplican en su totalidad. Además, dado que los exportadores chinos buscan nuevos mercados en medio de las fricciones comerciales entre EE. UU. y China y de la desaceleración económica de este país, es probable que aumente la competencia para las empresas tailandesas. Por otra parte, la persistente debilidad de la inversión privada probablemente acentúe la pérdida de competitividad de las empresas nacionales.

La recuperación del turismo (el 12 % del PIB en 2024, frente al 19 % en 2019) está perdiendo impulso, ya que los turistas chinos (el 14 % del total de visitantes) se muestran más reacios a visitar el país. Aunque el número de turistas europeos, rusos e indios ha aumentado, la tendencia al alza no ha sido suficiente para compensar el descenso en el número de turistas chinos (-33 % interanual en el periodo de enero a mayo de 2025). Este descenso puede explicarse por la mayor competencia de otros países de la región (en particular, Vietnam), el fomento del turismo interno en China y el aumento de las preocupaciones en materia de seguridad.

Por primera vez en 13 meses, la inflación general pasó a ser negativa en abril de 2025, en un contexto de descenso de los precios mundiales de la energía y los alimentos. Por su parte, la inflación subyacente es positiva, pero se mantiene en niveles bajos en un contexto de débil demanda interna y de controles de precios por parte del Gobierno que mitigan las presiones sobre los precios procedentes del lado de la oferta. En este contexto, a partir de octubre de 2024, el Banco de Tailandia (BOT) recortó los tipos de interés en tres ocasiones, por un total de 75 puntos básicos (a junio de 2025), tras haberlos elevado en 2023 hasta el 2,5 %, su máximo en diez años. Dadas las perspectivas económicas cada vez más débiles, las escasas presiones inflacionistas y la debilidad del dólar estadounidense, es posible que el BOT siga recortando los tipos en 2025.

La debilidad económica mundial complica la política fiscal

El déficit presupuestario aumentó en el ejercicio fiscal 2025 (de octubre de 2024 a septiembre de 2025), impulsado por las medidas de estímulo dirigidas a los hogares. Se espera que disminuya en el ejercicio fiscal 2026, principalmente gracias al aumento de la base impositiva y al posible abandono de algunas medidas de estímulo costosas (la «billetera digital»). El presupuesto del ejercicio fiscal 2026 fue aprobado en primera lectura parlamentaria y se someterá al Parlamento para la segunda y tercera lecturas en agosto de 2025, a las que seguirán las aprobaciones del Senado y de la Corona. El presupuesto tiene como objetivo estimular la economía tailandesa, que se encuentra estancada, por ejemplo, apoyando a las pymes con programas especiales de préstamos para proporcionar capital circulante a tipos de interés bajos y con aplazamientos en el pago de la deuda. Por el contrario, el Gobierno ha aplazado la tercera fase (dirigida a los tailandeses de entre 16 y 20 años) de las ayudas en efectivo de la «Billetera Digital» y está considerando destinar este presupuesto a medidas alternativas de estímulo económico, como el impulso a las infraestructuras o la mitigación de los aranceles estadounidenses. Mientras tanto, los ingresos podrían reforzarse mediante un posible aumento del IVA y otras reformas fiscales. Sin embargo, existe una considerable incertidumbre sobre si este presupuesto se materializará, ya que la ejecución presupuestaria de Tailandia ha sufrido retrasos históricamente, y esto podría continuar debido a los cuellos de botella burocráticos y a la lentitud en la aprobación de proyectos. Los riesgos relacionados con el aumento de la ratio deuda pública/PIB —desde la fuerte subida de esta última durante la pandemia— se ven limitados por el perfil de la deuda. La deuda pública es en su mayor parte a largo plazo (el 88 % del total a finales de abril de 2025) y está denominada principalmente en moneda local (99 %).

La balanza por cuenta corriente volvió a ser positiva en 2023 tras dos años en terreno negativo, impulsada por la mejora de la balanza de bienes y servicios, que, no obstante, sigue estando muy por debajo de los niveles previos a la crisis (2015-2019) debido a la lenta recuperación del comercio mundial. Por su parte, la balanza de rentas primarias se mantiene estable y negativa debido al pago de beneficios y dividendos a empresas extranjeras. La balanza secundaria es estable y positiva, impulsada por las remesas. De cara al futuro, la lenta recuperación del turismo, el lento crecimiento de las exportaciones y el aumento de las importaciones (en particular procedentes de exportadores chinos que buscan mercados alternativos a EE. UU.) debido a las restricciones comerciales de EE. UU., podrían obstaculizar la recuperación de la balanza por cuenta corriente. No obstante, las reservas internacionales se mantienen elevadas, cubriendo alrededor de ocho meses de importaciones. El baht tailandés (THB) se apreció en un contexto de debilidad del dólar durante el primer semestre de 2025. La evolución futura del THB depende en parte de la política económica de EE. UU.

Una coalición de gobierno frágil

El partido Move Forward (MFP) obtuvo el mayor número de escaños parlamentarios en las elecciones generales de mayo de 2023. Pero tras meses de estancamiento político, debido a la incapacidad del MFP para formar gobierno por su insistencia en modificar la ley de lesa majestad, el Partido Pheu-Thai (PT) anunció la formación de una coalición de once partidos compuesta principalmente por conservadores y partidarios del ejército. La coalición condujo al nombramiento de Srettha Thavisin como primer ministro. En agosto de 2024, el Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó al primer ministro Srettha Thavisin por violar la Constitución al nombrar ministro a un antiguo preso. Una semana antes, el mismo tribunal había ordenado la disolución del MFP y había inhabilitado a sus líderes para ejercer cargos políticos durante diez años por haber propuesto la abolición del delito de lesa majestad en su campaña de 2023. Los 143 diputados restantes del MFP formaron el Partido del Pueblo, liderado por Natthaphong Ruengpanyawut, que sigue impulsando reformas progresistas. En septiembre de 2024, el rey Maha Vajiralongkorn aprobó el gabinete de la nueva primera ministra, Paetongtarn Shinawatra. El gabinete de Paetongtarn continúa en gran medida con las políticas de Srettha, ya que ambos operan bajo el marco populista de Pheu Thai. El panorama político es bastante inestable, dado el gran número de partidos que componen la coalición, lo que la debilita a pesar de su amplia mayoría de 325 de los 495 escaños de la Cámara Baja. Además, Thaksin Shinawatra, padre de la actual Paetongtarn y él mismo ex primer ministro (2001-2006), está acusado de ejercer influencia sobre el Gobierno de su hija. Es objeto de investigaciones judiciales en curso, lo que plantea dudas sobre la capacidad de Pheu Thai para gobernar sin interferencias por parte de los militares y las élites conservadoras.

Desde el punto de vista geopolítico, Tailandia se esfuerza por mantener su posición neutral para atraer inversión extranjera y turistas de todo el mundo. Tailandia está negociando un acuerdo comercial con la UE y es candidata a formar parte de la OCDE desde junio de 2024, tras haber firmado un programa de cooperación reforzada en 2018. También es miembro del Marco Económico Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEF), liderado por EE. UU., y se convirtió oficialmente en país socio del BRICS el 1 de enero de 2025.

Pago

La transferencia bancaria es la principal forma de pago utilizada por las grandes empresas en Tailandia. La mayoría de las transferencias bancarias se realizan de forma electrónica y la popularidad de este método de pago está aumentando a medida que los sistemas de compensación se han ido perfeccionando.

Los cheques siguen siendo una forma popular de pago sin efectivo en términos de valor. Tanto las empresas como los consumidores los utilizan para realizar una amplia variedad de pagos. Los cheques posfechados son un medio habitual de crédito a corto plazo.

Aunque el efectivo sigue siendo el método de pago predominante en Tailandia, la transferencia telegráfica de fondos está ganando popularidad, en consonancia con la tendencia hacia los pagos sin efectivo, acelerada por la COVID-19.

Cobro de deudas

Fase amistosa

Según la Ley de cobro de deudas de 2015 (BE 2558, 2015 d. C.), el deudor es una persona física o un avalista personal. La ley se promulgó para regular las actividades de cobro llevadas a cabo por los acreedores o, en el caso de las deudas de consumo, por las agencias de cobro. También se espera que las agencias de cobro de deudas comerciales sigan las prácticas establecidas en la ley. Por ejemplo, durante la fase amistosa, los acreedores solo pueden comunicarse con el deudor o con otras personas autorizadas por este. Los acreedores o las agencias de cobro también están limitados a identificarse ante el deudor y facilitarle los detalles de la deuda.

Procedimientos judiciales

El sistema judicial de Tailandia consta de tres niveles: el Tribunal Supremo: es la máxima autoridad judicial del país. Todas sus resoluciones son definitivas y deben ejecutarse. Conoce de los recursos y recursos de casación contra las resoluciones dictadas por los Tribunales de Apelación, los Tribunales Regionales de Apelación y los Tribunales de Primera Instancia; Tribunales de Apelación: se dividen en Tribunales de Apelación y Tribunales Regionales de Apelación. Ambos se ocupan de los recursos de apelación contra las resoluciones u órdenes dictadas por los tribunales inferiores; Tribunales de Primera Instancia: estos tribunales inferiores comprenden los tribunales de Bangkok, los tribunales provinciales, los tribunales especializados y los tribunales de menores y de familia.

Si no se logra alcanzar un acuerdo amistoso con el deudor, puede iniciarse una fase preliminar del procedimiento judicial. Esta fase incluye comunicaciones, negociaciones, reuniones con los deudores, cartas de requerimiento y la notificación a la policía en los casos en que exista una sanción penal.

La mediación civil previa al litigio

Las recientes modificaciones del Código de Procedimiento Civil de Tailandia, introducidas en 2020 y ya en vigor desde noviembre de 2020, permitirán a las partes someter un asunto a mediación supervisada por el tribunal antes de la presentación efectiva de la demanda. El fomento de la mediación antes de presentar una demanda tiene por objeto ahorrar tiempo y recursos que, de otro modo, se destinarían a un juicio. Los procesos de mediación introducidos por la nueva ley no están sujetos a tasas judiciales, y eximen del pago de los gastos de envío postal de la carta al deudor.

Antes de presentar una demanda, una de las partes en un litigio puede solicitar al tribunal competente que designe a un mediador para resolver la controversia. Si se acepta la solicitud y la parte contraria da su consentimiento a la mediación, el tribunal reunirá a las partes (con o sin sus abogados) y designará al mediador. Si la mediación da lugar a un acuerdo satisfactorio, el tribunal considerará la posibilidad de: formalizar un acuerdo transaccional y, siempre que sea justo, se haya celebrado de buena fe y se ajuste tanto a la ley como a los intereses de las partes. En caso de que alguna de las partes incumpla el acuerdo, seguirá pudiendo someter el asunto a un proceso judicial ordinario. O bien, las partes pueden ponerse de acuerdo y solicitar al tribunal que dicte una sentencia de conformidad con el acuerdo transaccional mutuamente acordado por las partes. Si el tribunal considera que es necesario, dictará la sentencia en consecuencia. La sentencia se ejecutará si el deudor no cumple con lo acordado, lo que dará lugar, en última instancia, a un proceso de ejecución.

La sentencia del tribunal se considera definitiva y solo puede ser recurrida si existe una alegación de fraude contra cualquiera de las partes del caso, o si se alega que la sentencia contraviene el acuerdo o una disposición legal de orden público.

Si, por el contrario, la mediación no tiene éxito, cualquier plazo de prescripción que haya prescrito tras la presentación de la solicitud o que vaya a prescribir en breve se prorrogará por 60 días a partir de la finalización de la mediación. Transcurrido ese plazo, el acreedor seguirá teniendo derecho a presentar la demanda como procedimiento ordinario.

Procedimientos ordinarios

Si el deudor no cumple con los requerimientos de pago, el acreedor puede presentar una demanda ante el tribunal, en función del importe de la deuda: Si la deuda no supera los 300 000 THB (baht tailandés), la demanda deberá presentarse ante el Tribunal de Distrito o el Tribunal Provincial; si la deuda supera los 300 000 THB, la demanda deberá presentarse ante el Tribunal Civil o el Tribunal Provincial.

La política de los tribunales consiste en descartar los casos innecesarios del proceso judicial. La mayoría de los tribunales civiles cuentan con centros de mediación para que las partes negocien y lleguen a un acuerdo. Una vez que el caso se ha resuelto de forma amistosa, se redacta un acuerdo de conciliación y el tribunal dicta sentencia de conformidad con el mismo. Cada una de las partes es responsable de documentar las pruebas y de asumir la carga de la prueba asociada a su caso. Se dicta sentencia una vez que el tribunal ha examinado y sopesado las pruebas presentadas por ambas partes.

La duración de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia puede oscilar entre uno y tres años.

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Ejecución de una resolución judicial

Si el deudor incumple una sentencia nacional, el acreedor tiene derecho a solicitar la ejecución de la misma. Esto puede implicar la emisión de un auto de ejecución, la notificación de dicho auto al deudor, la emisión de un mandamiento de ejecución y el embargo y la venta de los bienes pertenecientes al deudor.

Tailandia no tiene acuerdos de reconocimiento y ejecución recíprocos con otros países. La ejecución de sentencias extranjeras requiere nuevos procedimientos judiciales, en los que se examinarán las pruebas y se garantizará el derecho de defensa a ambas partes.

Una excepción es que Tailandia es signataria de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros (1985). Los laudos arbitrales internacionales dictados por los países miembros de la Convención pueden ejecutarse si ya son definitivos.

Procedimientos de insolvencia

Tailandia cuenta con legislación sobre procedimientos de quiebra y reorganización (Ley de Quiebras BE 2483). (Última modificación en 2018, B.E. 2561)

PROCEDIMIENTOS DE REORGANIZACIÓN

Sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas e instituciones financieras (grandes empresas)

Se puede presentar una solicitud contra una empresa deudora insolvente que adeude a uno o más acreedores una suma conocida de 10 millones de THB (333 000 USD) o más. Una vez que el tribunal ha admitido a trámite la solicitud para continuar con el procedimiento, nombra a un planificador para que elabore y presente un plan de reorganización al administrador judicial en un plazo de tres meses. El tribunal podrá prorrogar este plazo hasta un máximo de dos veces, por un mes a partir de la fecha de publicación de la resolución judicial por la que se nombra al planificador. A continuación, los acreedores garantizados y no garantizados deberán solicitar el pago de las deudas en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la resolución de nombramiento del planificador. Una vez que el administrador concursal tenga en su poder el plan de reorganización, convocará una reunión con los acreedores para examinar la propuesta. Si se acepta, el tribunal deberá aprobarla y confirmar el nombramiento del administrador del plan. Este último será entonces responsable de la reorganización de la empresa deudora, tal y como se establece en el plan.

Pymes inscritas en la Oficina de Promoción de las Pymes u otros organismos públicos para el ejercicio de su actividad

Se puede presentar una solicitud contra: personas físicas insolventes que adeuden a uno o más acreedores una suma conocida de 1 millón de THB o más; sociedades en comandita simples insolventes, sociedades registradas, sociedades no registradas, grupos de personas u otras entidades jurídicas que adeuden a uno o más acreedores una suma conocida de 3 millones de THB o más; sociedades de responsabilidad limitada insolventes que adeuden a uno o más acreedores una suma conocida de entre 3 y 10 millones de THB.

En casos como estos, el solicitante deberá presentar una solicitud, junto con un plan propuesto cuya ejecución no supere los tres años de duración.

PROCEDIMIENTOS DE QUIEBRA

Un acreedor puede presentar una solicitud de quiebra contra un deudor si este es insolvente y adeuda a uno o más acreedores una suma definitiva superior a 1 millón de THB (si el deudor es una persona física), o si adeuda más de 2 millones de THB (si el deudor es una persona jurídica).

Una vez presentada la solicitud de quiebra, el procedimiento suele incluir la comparecencia de los testigos, la administración judicial provisional de los bienes del deudor, el nombramiento de un administrador judicial, la presentación de reclamaciones de pago de deudas por parte de los acreedores en un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de la resolución de administración judicial permanente, una resolución de quiebra contra el deudor (si no se llega a un acuerdo con los acreedores), la emisión de una resolución de administración judicial permanente, el embargo de los bienes, la venta de los bienes en subasta pública y la distribución prorrateada del producto de la venta entre los acreedores.

Última actualización: diciembre de 2025