Es momento de abordar la brecha en infraestructura de América Latina
El crecimiento de las economías latinoamericanas se corresponde con el auge de las materias primas, que se extendió durante más de una década, hasta 2014.
El crecimiento era posible aun en un contexto general de infraestructura deficiente. Los altos ingresos provenientes de las exportaciones de materias primas, condujeron a la expansión del consumo doméstico público y privado. Durante ese periodo, la actividad se vio impulsada por el auge de la clase media emergente y por los gobiernos populistas que no tomaron en cuenta el carácter cíclico de las materias primas. La caída de los precios internacionales, que se hizo más notoria a partir de mediados de 2014, tuvo fuertes repercusiones sobre el crecimiento y expuso las vulnerabilidades de la región. El consiguiente deterioro de las condiciones comerciales provocó la depreciación de las divisas latinoamericanas más inestables frente al dólar. Esta depreciación no fue suficiente para impulsar la competitividad de los bienes manufacturados y, en cambio, resultó en un deterioro de las balanzas comerciales. A su vez, desencadenó grandes déficits gemelos en las cuentas corrientes y públicas de la región. Tras dos años de crecimiento negativo, se espera que la actividad regional salga de la recesión en 2017. No obstante, Coface prevé un débil crecimiento del 1,2%.
Los decepcionantes resultados de los últimos años subrayan los obstáculos de la región en materia de competitividad. Este problema es el resultado de una combinación de factores, como la legislación laboral, los elevados impuestos, el nivel de educación general, la compleja burocracia y la insuficiente infraestructura. Este estudio analiza los indicadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, haciendo especial hincapié en las debilidades infraestructurales de la región, un factor decisivo de su desaceleración económica. La Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) estimó que la región debería haber invertido en infraestructuras un 6,2% de su PIB anual para el periodo comprendido desde 2012 a 2020 (en torno a los 320.000 millones de dólares), para eliminar la brecha entre la oferta y la demanda. Esto supera ampliamente el nivel actual de inversión, ya que ninguna de las economías regionales más importantes invierte actualmente más del 3% de su PIB.
Con el gasto público bajo presión, las Asociaciones Público-Privadas (APPS) se fortalecieron en la zona. Según el Economist Intelligence Unit Index para las inversiones en APPs, Chile, Colombia y Brasil ofrecen respectivamente el primer, segundo y tercer mejor entorno para las APPs. En general, el entorno para el estímulo de estas asociaciones ha mejorado relativamente gracias a los progresos legales, pero todavía queda un gran camino por recorrer. La falta de transparencia, las condiciones poco atractivas y los limitados recursos de financiación son sólo algunos de los problemas que deben solucionarse. Por último, pero no menos importante, las obras públicas de infraestructura continúan asociándose con corrupción en muchos países, como evidencian los recientes escándalos políticos. Si el objetivo es atraer a los inversores extranjeros, estos incidentes deben ser combatidos con la implementación de medidas punitivas efectivas.
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